Bárbaro, Magistrado Cecilio Cedalise, considera que devastar bosques no causa una afectación irreversible a la flora, fauna, ecosistema

El único magistrado que no estuvo de acuerdo con la teoría de Cedalise fue Luis Ramón Fábrega.
26 Noviembre, 2021
8:18 am

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Por considerar que no queda claro si se vulneran o no los derechos o garantías ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia no acogió un amparo de garantías constitucionales promovido por la Asociación de Derecho Ambiental contra una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), emitida en mayo pasado, que añadió al régimen de concesiones mineras del país casi 25 mil hectáreas de tierras en Colón y Coclé.

El fallo del pasado 22 de junio, pero dado a conocer ahora, tuvo como ponente al magistrado Cecilio Cesalise y contó con una oposición: la del presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega, quien salvó su voto al señalar, entre otras cosas, que el amparo argumenta de manera “diáfana” que la minería a cielo abierto y la deforestación masiva que se llevará a cabo en la zona incorporada a la concesión minera causará una afectación irreversible a la flora, fauna, ecosistema y biodiversidad del lugar.

La resolución demandada (la número 89 del 12 de mayo de 2021), que lleva la firma del ministro Ramón Martínez, fue emitida después de que comenzó un diálogo entre el MICI y el Banco Interamericano de Desarrollo, para la elaboración de una política nacional de minería. El documento dice que la decisión fue adoptada con la finalidad contribuir a reactivar la economía del país, afectada por la pandemia de la Covid-19.

La Corte da luz verde a la actividad minera

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un amparo de garantías que presentó la Asociación de Derecho Ambiental, contra la Resolución 89 del 12 de mayo del 2021, con la que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) incorporó al régimen de concesiones mineras una zona de 24 mil 954 hectáreas, que incluye a Coclé del Norte, un corregimiento del distrito de Donoso en la provincia de Colón, y a los corregimientos de El Harino, Piedras Gordas y Llano Grande, en el distrito de La Pintada, Coclé.

El autor del fallo es el magistrado Cecilio Cedalise, quien sustentó que en este caso no queda claro que el decreto del MICI vulnere o lesione los derechos o garantías consagrados en la Constitución. Cedalise también explicó que los argumentos presentados por los demandantes carecen de claridad.

La decisión de Cedalise, que fue avalada por otros siete magistrados del pleno de la Corte, dice además que el amparo de garantías constitucionales es un recurso que debe presentarse cuando hay “una auténtica violación de una norma constitucional” y no contra una norma legal, como ocurrió con el recurso de la Asociación de Derecho Ambiental.

El documento también dice que al atacar una resolución del MICI, el recurso podría presentarse en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte.

Fábrega no estuvo de acuerdo

El único magistrado que no estuvo de acuerdo con la teoría de Cedalise fue Luis Ramón Fábrega. Salvó su votó explicando que la demanda sí argumenta de manera “diáfana” que la minería a cielo abierto y la deforestación masiva que se llevará a cabo en esta zona incorporada a la concesión minera causará una afectación irreversible a la flora, fauna, ecosistema y biodiversidad del lugar.

Fábrega, actual presidente de la Corte y a quien se le vence su periodo el próximo 31 de diciembre, dijo -citando la demanda- que la decisión (del MICI) se tomó “de forma autoritaria y unilateral”, sin un diálogo científico que le permitiera a la ciudadanía conocer los impactos generados por la explotación minera dentro de la referida área geográfica.

Fábrega también manifestó que otro de los elementos válidos para admitir el amparo es que éste cuestiona que las autoridades de la Nación están atacando la normativa constitucional que regula el régimen ecológico, ley necesaria para que la población panameña viva en un ambiente sano y libre de contaminación

‘Fallo es absurdo’

Donaldo Sousa, quien presentó la demanda en representación de la Asociación de Derecho Ambiental, calificó al fallo de “absurdo”.

A su juicio, la resolución del MICI implica que se pueden realizar explotaciones mineras sin ningún tipo de control y esto, añadió, perjudica el medio ambiente y a las poblaciones.

El abogado Sousa recordó que existen normas constitucionales que obligan al Estado a proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Mencionó al artículo 17 de la Constitución, que establece que las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

También sacó a relucir los artículos 118,119, 120 y 121 de la Carta Magna, que se refieren al régimen ecológico en el país.

El momento

La Resolución 89, que lleva la firma del ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, se emitió justamente una semana después de que comenzó un diálogo entre el MICI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración de una política nacional de minería. Luego de que se dio a conocer ese diálogo, 46 organizaciones no gubernamentales que abogan por el ambiente, emitieron un comunicado en el que rechazaron este diálogo porque, a su juicio, se inició bajo la premisa de la minería como motor de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Fuente de la notica


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